China capacitará mejor a mediadores populares

Reportajes 2018-05-03 08:51:57 CRI

China publicó este miércoles una directriz para mejorar sus grupos de mediación a nivel nacional, la cual pide una capacitación más profesional y una gestión estricta de los mediadores.

La directriz pide a los departamentos legales y a los comités de mediación que ofrezcan programas de capacitación para los mediadores.

La directriz añade que la capacitación en desarrollo social, leyes y políticas, ética, conocimientos profesionales y habilidades de mediación es preferida.

La directriz indica que un "mediador popular" tiene que ser justo, honesto, autodisciplinado y de buen corazón en la mediación con un cierto nivel de educación y conocimiento de política y de leyes.

Expertos como abogados, doctores, investigadores e intelectuales, profesionales del derecho retirados, incluyendo jueces, fiscales y policías, así como funcionarios retirados son bienvenidos para convertirse en mediadores, menciona la directriz.

El documento también subraya que los mediadores no pueden ser parciales a favor de alguien, insultar a alguna de las partes, pedir o recibir sobornos, buscar beneficios ilegales, ni revelar información personal o secretos empresariales, y los infractores serán sancionados de acuerdo con la severidad de sus acciones.

La directriz fue emitida en conjunto por la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del Partido Comunista de China, el Tribunal Popular Supremo, el Ministerio de Justicia y otros tres departamentos.

China tiene un método de "mediación popular" para resolver disputas civiles y comerciales fuera de procesos judiciales. Los comités de mediación popular se encuentran en aldeas y pueblos, así como en algunas empresas e instituciones públicas.

Hasta ahora, China tiene 766.000 comités de mediación, y cada año se resuelven alrededor de nueve millones de casos a través de la mediación.

Por otra parte, según el Colegio de Abogados de China, el país  tiene 2.547 colegios de abogados locales a nivel de distrito, de forma que hay este tipo de asociaciones en más del 90 por ciento de los distritos del país.

China ha creado un sistema compuesto de colegios de abogados a nivel provincial, municipal y de distrito.

Las principales funciones de estas asociaciones en China son ofrecer servicios legales para las personas a nivel básico, solucionar disputas como parte independiente y promover la concienciación sobre los conocimientos legales y la gobernación según la ley.

Al cierre del año pasado se habían establecido más de 1.000 seminarios de estudio de la ley bajo la administración de los colegios de abogados locales en el país. Estos seminarios cuentan con más de 638.700 miembros individuales y 18.000 de grupo.

El presidente del Colegio de Abogados de China, Wang Lequan, ha exhortado a las asociaciones del país a integrar mejor sus servicios y la gobernanza social.

Según otra información, la Fiscalía Popular Suprema (FPS) de China señaló hace días en un comunicado que lanzará una campaña nacional para mejorar la protección de los derechos humanos de los detenidos.

El comunicado señala que la campaña, que se realizará de abril de 2018 a diciembre de 2019, se enfocará en la protección de los derechos de los detenidos a recompensas y descanso, y sus derechos a reunirse con sus abogados y a obtener una remuneración por su trabajo.

Los órganos judiciales a varios niveles deben incrementar la supervisión y abandonar las prácticas ilegales como el hostigamiento, el castigo físico y el abuso en las prisiones, añade el comunicado.

El comunicado también dice que se deben hacer más esfuerzos para garantizar la seguridad de las áreas de detención y mejorar los procedimientos que se emprenden luego de la muerte de los detenidos.

Las autoridades de fiscalías de todos los niveles deben detectar los vacíos en la protección de los derechos e intereses de los detenidos y reportarlos a tribunales, agencias de seguridad pública y órganos judiciales y administrativos al mismo nivel, menciona el documento.

La FPS pidió a todos los órganos judiciales fortalecer la protección de los derechos humanos, prevenir que las ilegalidades dañen los derechos e intereses de los detenidos y salvaguardar mejor la seguridad social.

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