China cobrará impuesto ambiental a contaminadores

Reportajes 2016-08-30 09:17:30 CRI

El gobierno central chino ha entregado este lunes un proyecto de ley relativo al cobro del impuesto ambiental al máximo órgano legislativo en un paso más hacia la formulación de un impuesto nacional sobre diversas fuentes contaminantes derivadas de actividades operativas.

Como dijo el ministro de Finanzas, Lou Jiwei, en el acto, el proyecto de ley propone unas tasas que van de 350 yuanes (equivalentes a unos 52 dólares) a 11.200 yuanes mensuales para diferentes ruidos industriales según un nivel excesivo de decibelios. También define tasas de 1,2 yuanes sobre una cantidad estipulada de contaminantes aéreos, 1,4 yuanes sobre el contaminantes del agua y una gama de 5 a 1.000 yuanes para cada tonelada de diferentes tipos de residuos sólidos.

Por ejemplo, los contaminantes deberán pagar un impuesto de 1,2 yuanes por la emisión de 0,95 kilos de dióxido de azufre y 1,4 yuanes por descargar 100 gramos de petróleo en el agua.

El dióxido de carbono (CO2) no ha sido incluido en la lista de impuestos, destacó el ministro chino de Hacienda, Lou Jiwei a la hora de explicar el proyecto de ley.

Las tasas también pueden ser rebajadas a la mitad si las emisiones de los contribuyentes son inferiores a la mitad del nivel nacional.

Los gobiernos provinciales pueden elevar "apropiadamente" las tasas tomando en consideración la economía local y la situación de la contaminación, según el proyecto de ley.

En lugar de cobrar impuestos a los contaminadores, China cobra ahora un "derecho de descarga de contaminantes", cuyas tasas son casi iguales o inferiores a las tasas tributarias estándares.

China estableció el sistema del "derecho de descarga de contaminantes" en 1979. En 2015, cobró 17.300 millones de yuanes de 280.000 empresas y otros operadores de negocios.

Según dijo el ministro de Protección Medioambiental, Chen Jining, se espera que con la ley se resuelvan las lagunas del sistema nacional, tales como la aplicación inadecuada y la interferencia administrativa, lo que ayudará a la reestructuración económica de China.

Para apoyar el desarrollo agrícola, el impuesto excluirá la contaminación proveniente de la agricultura (excepto aquella procedente de las grandes granjas de cría de ganado) y fuentes contaminantes móviles, entre las que se incluyen vehículos motorizados, barcos y aviones, porque los impuestos están ya cubiertos en sus precios.

Las emisiones normales de aguas fecales urbanas y plantas de residuos también quedarán exentas del impuesto.

No se ha especificado el castigo por evasión o fraude. El proyecto estipula con claridad que el cobro del impuesto no sustituirá a las penalizaciones criminales que impliquen delitos de contaminación grave.

También el lunes pasado, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), la máxima legislatura de China, comenzó su sesión bimestral, en la que los legisladores discutirán las revisiones a las iniciativas de leyes sobre transporte de defensa nacional y cine, entre otras.

El presidente del Comité Permanente de la APN, Zhang Dejiang, encabezó la reunión inaugural de la sesión, que tendrá lugar de lunes a sábado de esta semana.

La iniciativa de ley sobre transporte de defensa nacional, que fue discutida por segunda ocasión hoy, está lista para ser presentada ante la máxima legislatura de China para su aprobación.

La nueva ley, que abarca el uso de trenes, vías fluviales y rutas aéreas con propósitos de defensa, pretende regular la planificación, construcción, manejo y uso de recursos en sectores de transporte, como ferrocarriles, carreteras, vías fluviales, aviación, oleoductos y servicios postales, para la defensa nacional.

Los legisladores también revisaron una iniciativa de ley sobre cine enfocada primordialmente en garantizar que la gente que trabaja en la industria cinematográfica mantenga la ética profesional.

El proyecto subraya que las compañías distribuidoras de películas y las salas de cine no deben inventar datos sobre venta de boletos de películas ni participar en "métodos inapropiados", y cancela la necesidad de que el gobierno apruebe las filmaciones cinematográficas.

La máxima legislatura analiza las peticiones en casos penales, como parte de las medidas para encontrar un balance en las decisiones de justicia penal.

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